Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han detenido en el aeropuerto de Barcelona a un hombre acusado de empadronar ilegalmente a más de cien personas en una vivienda de Sueca (Valencia), con el fin de facilitar su regularización en España.
El detenido, de 35 años y nacionalidad española, utilizaba una vivienda que perteneció a su padre, fallecido en 2021, para llevar a cabo estos empadronamientos a cambio de dinero. Según la investigación, llegó incluso a anunciar sus servicios en redes sociales para captar interesados.
Una trama descubierta tras anomalías en el padrón
La operación se inició tras detectarse que en el padrón municipal de Sueca figuraban más de un centenar de personas empadronadas en un solo domicilio. La mayoría de ellas eran de nacionalidad extranjera, principalmente marroquí y argelina, según informó la Policía Nacional.
Las pesquisas revelaron que los empadronamientos fraudulentos se realizaron entre finales de 2021 y principios de 2023. Para llevarlos a cabo, el detenido falsificó autorizaciones de empadronamiento, firmando en nombre de su padre y aportando copias de su documento de identidad. En algunos días llegó a empadronar hasta siete personas sin que existiera ningún vínculo familiar o residencial con la vivienda.
El objetivo de estos registros era principalmente obtener el Número de Identidad de Extranjero (NIE) y regularizar la situación administrativa de los implicados, quienes nunca residieron en el domicilio. Según testigos empadronados en la casa, realizaron pagos en efectivo al detenido tras completar los trámites administrativos.
Posibles complicidades y sanciones
La investigación también apunta a que el detenido podría haber contado con facilidades por parte de funcionarios del Ayuntamiento de Sueca para llevar a cabo estos empadronamientos irregulares. Por este motivo, las autoridades mantienen abiertas las pesquisas contra otras dos personas, de 60 y 66 años, investigadas por delitos de usurpación de estado civil, falsedad documental, favorecimiento de la inmigración irregular, prevaricación y cohecho.
En total, la Policía Nacional ha tramitado sanciones administrativas en base a la Ley de Extranjería, con un alcance económico de 92.512 euros. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 5 de Sueca, mientras continúa la investigación para esclarecer posibles implicaciones adicionales.
Una operación coordinada
La operación policial ha sido llevada a cabo por la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional de Alzira-Algemesí, en coordinación con la Guardia Civil de Valencia, logrando desmantelar esta red que se lucraba a costa de la regularización administrativa de personas extranjeras.
