La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha anunciado que el Pleno aprobará una moción para que ningún inquilino de una vivienda en alquiler de AUMSA pague una renta mensual que supere el 25 % de los ingresos de la unidad de convivencia familiar. Además, ha destacado que se modificará el procedimiento de adjudicación de las viviendas en alquiler para valorar las situaciones de especial vulnerabilidad.
El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado una moción alternativa, con los votos a favor del PP y Vox, en la que se establece que “de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57.3 del Decreto 68/2023 de la Generalitat que ningún inquilino de la empresa pública AUMSA paguen por renta de alquiler cantidad que supere el 25% de los ingresos de la unidad de convivencia con efectos de 1 de enero de 2024”.
De esta forma, la empresa AUMSA, a través de una oficina que se pone en marcha esta semana, atenderá de manera individualizada a los inquilinos para dar soluciones a las familias que se encuentren en esta situación.
Por otro lado, el Pleno también ha apoyado, en consonancia con la decisión adoptada en el último consejo de administración de la empresa pública AUMSA, “iniciar el procedimiento de revisión de la Normativa del Registro de Demandantes y Procedimiento de Adjudicación de las Viviendas Promovidas y Gestionadas por AUMSA, para homogenizar criterios con las Bases Reguladoras del Procedimiento de Inscripción en el Registro de Demandantes de Vivienda y del Procedimiento de Adjudicación de Viviendas en Régimen de Alquiler Asequible del Ayuntamiento de Valencia de manera que se tenga en cuenta en vez del orden de inscripción, como hasta ahora, las situaciones de vulnerabilidad, mayores de 65 años, entre 18 y 35 años, familias numerosas y monoparentales, víctimas de violencia de género doméstica o terrorismo, miembros de la unidad de convivencia con dependencia o diversidad funcional, familias en situación de desahucio eminente o incluidas en programas de bienestar social”.
